El cambio de régimen se realizó
muy rápidamente y sin ningún tipo de resistencia por parte del anterior aparato
monárquico. El Gobierno Provisional de la República, amparando su legitimidad
en la voluntad popular y en el desistimiento de funciones por parte del
gobierno monárquico, designó Alcalá Zamora como presidente de la República y
nombró los ministros del nuevo gobierno. Se establecía la libertad de religión,
se reconocía la libertad sindical y política y se reconocía el derecho a la propiedad
privada, pero indicaba que el derecho agrario había de responder a la función
social de la tierra. El conjunto de actuaciones señalaba las grandes líneas del
reformismo republicano y las preocupaciones sociales de la izquierda burguesa y
socialista.
Destacan los decretos agrarios
que buscaban una mejora inmediata de las condiciones laborales de los
campesinos y que servían para preparar la reforma agraria prometida. A
Instrucción Pública adoptaron medidas para reforzar el control del Estado en el
terreno educativo, hasta entonces dominado por la Iglesia. Azaña, ministro de
la guerra, inició el plan de modernización de las fuerzas armadas. Abordó
también la forma del Estado, planteada por los republicanos catalanes- que acabarían
aceptando un autogobierno limitado en espera de lo que determinara la futura
Constitución - desde el mismo 14 de abril. Pero las elecciones de noviembre de
1933 supusieron el comienzo de un período político caracterizado por el dominio
conservador y por la revisión de gran parte de la tarea reformista del primer bienio.
Para la izquierda esta nueva
situación política tenía connotaciones claramente reaccionarias. En esta
primera etapa republicana, los electores ser llamados cinco veces a las urnas:
dos veces para elegir diputados en las Cortes de Madrid, una por el referéndum del
Estatuto, una por el Parlamento de Cataluña y otra para renovar el Ayuntamiento.
Los únicos partidos gerundenses que presentarse a todas las convocatorias
fueron ERC, la Liga Regionalista y el BOC.
Las elecciones para las Cortes de
Madrid- constituyentes de 28 de junio de 1931 y legislativas de 19 de noviembre
de 1933 - las ganó ERC que obtuvo, en ambas ocasiones, los cinco diputados por mayorías.
La Liga obtuvo, también en ambas ocasiones, los dos diputados por minorías. El
referéndum para la aprobación del Estatuto de Cataluña -El de Nuria, que posteriormente
sería sustancialmente recortado por las Cortes republicanas - se realizó el día
2 de agosto de 1931. Todos los partidos y las instituciones ciudadanas pidieron
el voto afirmativo, excepto el BOC y la derecha reaccionaria.
La votación a favor fue rotunda:
96,7% de votos favorables y 3,3% de negativos. Participó el 67,3 % del censo electoral.
Las elecciones al primer Parlamento de Cataluña, el 20 de noviembre de 1932, las
ganó ERC (once diputados); en segundo lugar quedó la Liga (tres diputados). El
14 de enero de 1934 se celebraron elecciones municipales para renovar los ayuntamientos.
Estas elecciones ser las más conflictivas y disputadas de todo el periodo a la ciudad
de Girona. Tras las oportunas reclamaciones, el Tribunal de lo Contencioso y
Administrativo dictaminaron a favor de la Liga que, así, ganó estas elecciones
a ERC por un pequeño margen de 47 votos.
Los hombres que dirigieron el primer
Ayuntamiento republicano emprendieron una obra que iba destinada a paliar los graves
déficits que había ido acumulando la ciudad en los últimos años. Llevaron a
cabo una obra notable en enseñanza y cultura, en higiene y sanidad, en obras
públicas y en deporte, y racionalizar la hacienda municipal y las tareas burocráticas.
También se dignificó la situación
laboral de los empleados municipales, asegurándoles pensiones de jubilación y
de viudedad y el desempeño de la jornada laboral de ocho horas, con el descanso
semanal, para todos los servicios. El día 28 de abril el gobierno de la
Generalitat decretó el nombramiento de los comisarios que, como delegados del
gobierno provisional de la Generalitat, tendrían a su cargo la ejecución los
servicios que habían sido encomendados a las desaparecidas diputaciones provinciales.
Quince días de gobierno republicano y siete días de gobierno catalán habían
bastado para liquidar las diputaciones provinciales. La sustitución de la
Diputación por la Comisaría delegada abría las puertas a una esperanzadora descentralización
administrativa que se iniciaba con una buena dosis de energía política,
pragmatismo y austeridad que pretendía conseguir la eficacia del servicio público.
Pero cuando los comisarios delegados hacen balance de la labor realizada denotan
un desencanto que va en aumento. La materialización de la autonomía no daba los
resultados previstos al inicio del cambio político. Las competencias de la
Comisaría Delegada seguían siendo las mismas que las de la antigua Diputación. El
presupuesto no era suficiente para realizar la obra deseada. También se
vislumbraba con inquietud el control creciente que se estaba ejerciendo desde Barcelona,
hasta el punto de no conocer exactamente el estado de las finanzas del
organismo en Girona. A pesar de estas apreciaciones se puede afirmar que la
tarea realizada fue más positiva que la efectuada por la antigua Diputación en
los últimos años.
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