Los hechos de octubre al "18 de julio"

La victoria electoral de las fuerzas conservadoras en noviembre de 1933 empieza el llamado bienio negro. La acción política basculó entre la fidelidad a las líneas básicas del 14 de abril y la necesidad de abrir espacios de gobernabilidad en la derecha sociológica. Entre las leyes que se aprobaron había de claramente contrarreformistas. El aspecto más negativo fue el de la legislación agraria. La involución autonómica y el enfrentamiento con la Generalitat por la Ley de Contratos de Cultivo - suspendida por el gobierno a petición de la Liga- provocaron los hechos de octubre en Cataluña, que culminaron con la suspensión indefinida del Estatuto y el encarcelamiento del gobierno catalán y de los parlamentarios que no se fugue.
A todo esto, se añadía la crisis económica y las fuertes tensiones sociales. El 2 de octubre de 1934, el nuevo gobierno- presidido por Lerroux - nombró ministros procedentes de la CEDA, organización que era considerada como no - partidaria del régimen republicano. Los socialistas y otros partidos minoritarios en el contexto del Estado rompieron sus relaciones con las instituciones. En Asturias estalló la revolución proletaria y en Cataluña Compañeros proclamaba el Estado Catalán. El 7 de octubre el general Batet restablecía la situación en Cataluña. Pocos días más tarde fracasaba el movimiento en Asturias. Comenzaba una oscura etapa del régimen republicano - que duraría hasta el mes de febrero de 1936 - caracterizada, globalmente y fundamentalmente, por la suspensión de las garantías democráticas.
El 6 de octubre de 1934 Alianza Obrera , en su única actuación en Girona , decretó la huelga general revolucionaria y el concejal Joaquín de Camps y Arboix -jefe de la minoría republicana en el Ayuntamiento- proclamó el Estado Catalán después de haberse convertido en alcalde gestor. La tropa salió en la calle, que se había dejado expresamente a oscuras, y procedió a la proclamación del estado de guerra. Los rebeldes se resistieron en el edificio de la Comisaría Delegada la Generalitat, donde se produjo un tiroteo. Murieron José Alabau - militante de Alianza Obrera - y el comandante Domínguez Otero- miembro de la logia masónica de Girona- , el cual fue agredido mientras leía el bando contra los resistentes.
Pero la rendición no tardó en producirse, una vez conocida la de Compañeros en Barcelona. Al día siguiente, domingo, se restableció la normalidad en la ciudad y la Liga se reincorporó al gobierno municipal. Las fuerzas de orden practicaron numerosos registros y detenciones entre los miembros de los partidos de izquierda y los sindicatos. El número de detenidos fue tan extraordinario que se tuvo que habilitar la fábrica La Aurora como a prisión de todos los sospechosos de haber participado en la insurrección.
En los días y meses siguientes tuvieron lugar multitud de consejos de guerra contra los acusados ​​. El Diario de Girona (miércoles, 10 de octubre de 1934) daba una visión apocalíptica de los hechos y cargaba duramente contra los dirigentes de ERC. En el editorial, titulado "Además de cobardes, traidores " acusó a los dirigentes de ERC de haber promovido la revolución y de haber abandonado – quedándose escondidos en casa o huyendo de Girona -los sublevados cuando estalló la violencia.
Se clausuraron los locales de los partidos de izquierda y de los sindicatos. Muchos periódicos fueron suspendidos o censurados. Los partidos de extrema derecha- la Falange y Acción Popular Catalana- extendieron sus actividades, muy clandestinas hasta ese momento. El movimiento obrero quedó totalmente parado y coartado por el volumen de fuerzas militares y un regimiento de artillería y tres batallones de infantería de montaña con unos 3.000 soldados - encargados de garantizar las disposiciones represivas del gobierno central a cualquier precio. Entre los meses de octubre de 1934 y enero de 1936 no hubo ningún movimiento social. La normalidad democrática de la ciudad quedó interrumpida por un régimen de excepción hasta febrero de 1936.

Los hechos de octubre se pueden interpretar como una opción de ilegalidad para defender la legitimidad de origen del régimen republicano, desviado de su trayectoria por la coalición reaccionaria de centroderecha. También como una maniobra defensiva los trabajadores para evitar el establecimiento inminente de una dictadura fascista. Pero no se pueden interpretar como los hechos que justifican el inicio de la Guerra Civil para que esta se habría podido evitar. El fracaso de planificación y desarrollo los hechos sirvió para que la izquierda se diera cuenta que para detener la ola reaccionaria había que hacer un frente común. Azaña promovió la campaña para recuperar la unión de las fuerzas de izquierda. Cuando se formó el gobierno de Portela, en medio los escándalos que afectaban a los radicales -el caso del estraperlo, por ejemplo- , y se vio que pronto se convocarían elecciones. Se aceleraron las gestiones entre los partidos de izquierda para buscar la unidad electoral. Finalmente, el 15 de enero de 1936, Izquierda Republicana, Unión Republicana, el PSOE, UGT, las Juventudes Socialistas, el PCE, el Partido Sindicalista y el POUM suscribieron el pacto electoral conocido con el nombre de Frente Popular. El programa incluía la amnistía para los presos de los hechos de octubre, la reforma del Tribunal de Garantías, la continuidad de la legislación reformista del primer bienio y la restauración del régimen autonómico.
En Cataluña se articuló el Frente de Izquierdas alrededor de ERC , que había suscrito el programa del Frente Popular , añadiendo el restablecimiento de los ayuntamientos elegidos el enero de 1934, la aplicación de la ley de contratos de cultivo , la reinstalación de los aparceros desahuciados y la readmisión los obreros y empleados despedidos por motivos políticos . el pacto fue firmado el día 4 de febrero por Izquierda Republicana de Cataluña , el Partido Nacionalista Republicano de Izquierda, Acción Catalana Republicana , el Partido Republicano de Izquierda ( grupos catalanes de la Izquierda Republicana de Azaña ) , la Unión Socialista de Cataluña , la Unión de Rabasaires , el Partido Catalán Proletario , el Partido Comunista de Cataluña y el Partido Obrero de Unificación Marxista . Centro y derecha articuló el Frente Catalán de Orden alrededor de la Liga. A Girona, en principio, se formaron tres bloques: el Frente de Izquierdas, el Frente Catalán de Orden y el Frente Popular de Derechas.
Finalmente, el 8 de febrero, el Frente Popular de Derechas (Derecha de Cataluña afiliada a Renovación Española) renunció a presentarse y se integró dentro del Frente Catalán de Orden. La campaña electoral en Girona fue más tensa y agitada que nunca. El Frente de Izquierdas hablaba de la necesidad de reconquistar el espíritu de la República, la del primer bienio. En su propaganda impresa, se podía leer: "Ciudadano! Sueldo republicano? No puede votar las derechas, porque amparan todas las aspiraciones monárquicas. “El Frente Catalán de Orden hizo una campaña muy catastrofista: el antimarxismo y la defensa de la religión eran sus promesas electorales. En la propaganda impresa se ​​podía leer, aludiendo claramente a los hechos de octubre: "Todas las revoluciones terminan igualmente: mientras los culpables se pasean tranquilamente, los anónimos luchadores de buena fe van a parar a los presidios."
El resultado de las elecciones en la ciudad de Girona, como el resto del Estado, fue muy ajustado: el 50,9 % de votos fueron favorables al Frente de Izquierdas y el 49,1%, favorable al Frente de Derechas. El Frente de Izquierdas alcanzó cinco diputados por mayorías (Miquel Santaló, José Mascort, Martí Esteve, Joan Casanellas y Josep Puig) y el Frente Catalán de Orden logran dos por minorías (Juan Estelrich y Carles Badia). Con el triunfo electoral del Frente de Izquierdas se recuperó la República del primer bienio, autonomista y reformista.
Las fuerzas políticas de izquierdas cumplir sus compromisos electorales. En Girona también se recuperó la normalidad democrática con la liberación de los presos y la reintegración de ERC a la minoría del Ayuntamiento. Los diferentes partidos de izquierda y los sindicatos recuperaron sus locales y normalizaron sus actividades habituales.

Posteriormente, el 26 de abril de 1936, tuvieron lugar las elecciones para designar los compromisarios que debían elegir el presidente de la República. Los resultados fueron abrumadores a favor del Frente de Izquierdas que obtuvo el 78,2% de los votos y cinco compromisarios. El Frente de Derechas en vano alcanzar un reducido 21,7% y dos compromisarios. Con estas elecciones se cerró el ciclo electoral de la Segunda República. La derecha más reaccionaria no daría otra oportunidad democrática al resto de fuerzas políticas. Esta derecha estaba a punto de utilizar su arma preferida para evitar cualquier tipo de progreso: el ejército. El 18 de julio estaba muy cerca...

De la proclamación en las elecciones legislativas de noviembre de 1933

El cambio de régimen se realizó muy rápidamente y sin ningún tipo de resistencia por parte del anterior aparato monárquico. El Gobierno Provisional de la República, amparando su legitimidad en la voluntad popular y en el desistimiento de funciones por parte del gobierno monárquico, designó Alcalá Zamora como presidente de la República y nombró los ministros del nuevo gobierno. Se establecía la libertad de religión, se reconocía la libertad sindical y política y se reconocía el derecho a la propiedad privada, pero indicaba que el derecho agrario había de responder a la función social de la tierra. El conjunto de actuaciones señalaba las grandes líneas del reformismo republicano y las preocupaciones sociales de la izquierda burguesa y socialista.
Destacan los decretos agrarios que buscaban una mejora inmediata de las condiciones laborales de los campesinos y que servían para preparar la reforma agraria prometida. A Instrucción Pública adoptaron medidas para reforzar el control del Estado en el terreno educativo, hasta entonces dominado por la Iglesia. Azaña, ministro de la guerra, inició el plan de modernización de las fuerzas armadas. Abordó también la forma del Estado, planteada por los republicanos catalanes- que acabarían aceptando un autogobierno limitado en espera de lo que determinara la futura Constitución - desde el mismo 14 de abril. Pero las elecciones de noviembre de 1933 supusieron el comienzo de un período político caracterizado por el dominio conservador y por la revisión de gran parte de la tarea reformista del primer bienio.
Para la izquierda esta nueva situación política tenía connotaciones claramente reaccionarias. En esta primera etapa republicana, los electores ser llamados cinco veces a las urnas: dos veces para elegir diputados en las Cortes de Madrid, una por el referéndum del Estatuto, una por el Parlamento de Cataluña y otra para renovar el Ayuntamiento. Los únicos partidos gerundenses que presentarse a todas las convocatorias fueron ERC, la Liga Regionalista y el BOC.
Las elecciones para las Cortes de Madrid- constituyentes de 28 de junio de 1931 y legislativas de 19 de noviembre de 1933 - las ganó ERC que obtuvo, en ambas ocasiones, los cinco diputados por mayorías. La Liga obtuvo, también en ambas ocasiones, los dos diputados por minorías. El referéndum para la aprobación del Estatuto de Cataluña -El de Nuria, que posteriormente sería sustancialmente recortado por las Cortes republicanas - se realizó el día 2 de agosto de 1931. Todos los partidos y las instituciones ciudadanas pidieron el voto afirmativo, excepto el BOC y la derecha reaccionaria.
La votación a favor fue rotunda: 96,7% de votos favorables y 3,3% de negativos. Participó el 67,3 % del censo electoral. Las elecciones al primer Parlamento de Cataluña, el 20 de noviembre de 1932, las ganó ERC (once diputados); en segundo lugar quedó la Liga (tres diputados). El 14 de enero de 1934 se celebraron elecciones municipales para renovar los ayuntamientos. Estas elecciones ser las más conflictivas y disputadas de todo el periodo a la ciudad de Girona. Tras las oportunas reclamaciones, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo dictaminaron a favor de la Liga que, así, ganó estas elecciones a ERC por un pequeño margen de 47 votos.
Los hombres que dirigieron el primer Ayuntamiento republicano emprendieron una obra que iba destinada a paliar los graves déficits que había ido acumulando la ciudad en los últimos años. Llevaron a cabo una obra notable en enseñanza y cultura, en higiene y sanidad, en obras públicas y en deporte, y racionalizar la hacienda municipal y las tareas burocráticas.

También se dignificó la situación laboral de los empleados municipales, asegurándoles pensiones de jubilación y de viudedad y el desempeño de la jornada laboral de ocho horas, con el descanso semanal, para todos los servicios. El día 28 de abril el gobierno de la Generalitat decretó el nombramiento de los comisarios que, como delegados del gobierno provisional de la Generalitat, tendrían a su cargo la ejecución los servicios que habían sido encomendados a las desaparecidas diputaciones provinciales. Quince días de gobierno republicano y siete días de gobierno catalán habían bastado para liquidar las diputaciones provinciales. La sustitución de la Diputación por la Comisaría delegada abría las puertas a una esperanzadora descentralización administrativa que se iniciaba con una buena dosis de energía política, pragmatismo y austeridad que pretendía conseguir la eficacia del servicio público. Pero cuando los comisarios delegados hacen balance de la labor realizada denotan un desencanto que va en aumento. La materialización de la autonomía no daba los resultados previstos al inicio del cambio político. Las competencias de la Comisaría Delegada seguían siendo las mismas que las de la antigua Diputación. El presupuesto no era suficiente para realizar la obra deseada. También se vislumbraba con inquietud el control creciente que se estaba ejerciendo desde Barcelona, hasta el punto de no conocer exactamente el estado de las finanzas del organismo en Girona. A pesar de estas apreciaciones se puede afirmar que la tarea realizada fue más positiva que la efectuada por la antigua Diputación en los últimos años.

La Girona Republicana

La ciudad de Girona, según el censo de población de 1930, tenía 21.845 habitantes, 10.248 hombres y 11.597 mujeres. El 1936 ciudad llegaba a los 23.871 habitantes. En 1931 el número de electores era de 4.218. En 1936 el número de electores había aumentado hasta 12.655. El censo electoral se triplicó el cambio de la ley electoral (1933), que supuso la incorporación de la mujer y la disminución de la edad electoral (de 25 a 23 años), y la afluencia de inmigrantes.
El sistema de partidos en la ciudad estaba formado por diecisiete formaciones políticas, de los cuales ocho de obediencia catalana y nueve de ámbito español. Los partidos catalanes eran la Liga Regionalista ( Liga Catalana a partir de 1933 ) , Unión Democrática de Cataluña , Izquierda Republicana de Cataluña , Juventud Republicana de Cataluña, Unión Socialista de Cataluña , Partido Catalanista Republicano ( más conocido por Acción Catalana Republicana , producto de la fusión de Acción Catalana y Acción Republicana ) , Estado Catalán y Bloque Obrero y Campesino . Los partidos de obediencia española eran la Falange Española, la Derecha de Cataluña ( o Renovación Española ) , Acción Popular Catalana (dentro de la CEDA de Gil Robles ) , el Partido Carlista (o Comunión Tradicionalista o Juventud Tradicionalista de Girona) , el Partido Republicano de Izquierdas ( sucursal de Izquierda Republicana ) , el Partido Republicano Radical Socialista , la Agrupación Socialista del PSOE , el Partido Comunista de Cataluña y el Partido Sindicalista Español.
El movimiento obrero gerundense tuvo una personalidad propia y unas características especiales producto del contexto social de la época. Girona, tradicionalmente tildada de conservadora, fue dominada políticamente por ERC. Este partido gozaba de la confianza electoral de las clases medianas y del obrerismo. En Girona había un sindicato hegemónico - la Federación Local de Sindicatos - , el resto de sindicatos eran casi testimoniales. La Federación Local de Sindicatos, nacida en 1932 tras su expulsión de la CNT, estaba organizada en diferentes secciones y tenía entre 2.500 y 3.000 afiliados dirigidos, mayoritariamente, por miembros del Bloque Obrero y Campesino. La CNT controlaba el Sindicato Único de Trabajadores de Gerona y apoyo Radio y solamente tenía unos 150 afiliados. La Unión General de Trabajadores disponía de varias secciones sin relación entre ellas y tenía unos 200 afiliados. También existían una serie de pequeños sindicatos independientes o sociedades obreras autónomas: los tipógrafos de la editorial Dalmau, Carles, Pla, SA; los de la imprenta de El Autonomista, los peluqueros, y los barberos, los camareros y los cocineros, etc.
La ciudad destacaba más en el aspecto comercial que no paso en el industrial. Esto hacía que la mayor parte de los trabajadores se encontraran en empresas pequeñas (principalmente tiendas) o talleres de poco personal, donde el propietario era un trabajador más. Esta relación directa con el patrón, en una ciudad pequeña y secularmente conservadora, debilitaba y condicionaba extraordinariamente las posibilidades de reivindicaciones por parte de los asalariados gerundenses. Las empresas más importantes eran la del contratista de obras Montseny y Juher (con más de cien trabajadores) y la Sociedad Anónima Grober (con poco menos de un millar de trabajadores, pero con un 80% de mujeres). El 65% de las empresas tenían de 1 a 5 empleados; el 14% tenían de 6 a 10, el 12%, de 11 a 20; las que tenían más de 20 trabajadores (incluidas la Grober y la del contratista Montseny) sumaban el 9%.
Los precios de los artículos alimenticios básicos experimentaron ligeras fluctuaciones, así los precios de 1930 a 1936 se mantuvieron bastante estables con una ligera tendencia a la baja. De 1931 a 1936 los salarios se fueron recuperando por llegar finalmente a unos niveles similares a los del año 1930.
Así los asalariados gerundenses perdieron poder adquisitivo no paso por el aumento de los precios sino por la disminución de los salarios. Por otra parte, el paro forzoso -aunque no significó un grave problema porque Girona tenía uno de los índices de paro más pequeño de Cataluña (200 parados en 1933) – preocupaba los sindicatos, que acusaban a los políticos locales de no cortarlo. Entre los meses de julio de 1931 y octubre de 1934, las reivindicaciones laborales y políticas de los trabajadores gerundenses se concretaron en una veintena de huelgas (generales, parciales y sectoriales). Las huelgas por reivindicaciones laborales solían ser favorables a los trabajadores. Los gobernadores civiles y el comisario de Orden Público arbitrar los conflictos entre los trabajadores y la patronal. Actuaban con actitud paternalista y recordaban a los sindicatos que había que tener paciencia y evitar precipitaciones que podían llevar a la joven República a un fatal destino.
La nueva situación del país posibilitó el relanzamiento de la prensa política después de los años de silencio impuestos por la represión y censura de la dictadura. La prensa gerundense experimentó un crecimiento espectacular, se publicaron más de una cincuentena de periódicos, treinta y dos de los cuales nacían en esa época. De todos modos, la extraordinaria proliferación de la prensa escrita no debe hacer perder de vista que la mayoría de estas publicaciones eran muy efímeras y que los puntos de referencia fundamentales de esta época fueron el Diario de Girona, El Autonomista y El Norte, que fueron los únicos que aparecieron durante toda la época. El primero de ellos era el portavoz oficioso del catalanismo burgués, de la Liga Regionalista, el segundo recogía el sentimiento republicanista catalán, especialmente el de ERC; y el tercero era el diario católico y monárquico por excelencia, defensor de la causa carlista pero que apoyaba cualquier iniciativa conservadora y de derechas. El resto de publicaciones periódicas fueron, como hemos dicho anteriormente, bastante efímeras, probablemente por su poca capacidad económica.
Todo ello, esta prensa daba a la ciudadanía una extraordinaria posibilidad de contrastar informaciones y opiniones. Girona no ha tenido nunca más una prensa tan plural. La vida cultural gerundense, que ha sido siempre muy irregular, arrancaba a principios de siglo con una gran profusión de revistas culturales que disminuyeron en tiempos de la dictadura. Con la proclamación de la República parecía que se producía un marco idóneo para reiniciar la experiencia anterior.
Pero no fue así, los movimientos modernistas y novecentistas habían quedado atrás. Lo que se produciría en Girona sería, básicamente, una gran expansión de la prensa política y, en menor medida, de la prensa satírica. Entre los colaboradores de las revistas culturales encontramos, entre otros, Prudencio Bertrana, Josep M. Corredor, Casiano Costal, Miquel de Palol, Pere de Palol, Santiago Sobrequés, Tomás Sobrequés, Jaume Vicens Vives y Artur Vinardell. El exponente máximo de la cultura de esta época en la ciudad de Girona es Carles Rahola, su obra y su trágica desaparición la han convertido en el símbolo y referente cultural de la época. Rahola - ensayista, historiador, periodista y republicano convencido - publicó veintinueve nueve obras importantes, trece de ellas entre 1931 y 1938. Es el autor más prolífico de la época republicana en Girona.
Las nuevas libertades democráticas impulsaron una parte de la intelectualidad gerundense hacia los terrenos de la política. Un buen ejemplo lo encontramos en el profesor Miquel Santaló. De su cátedra en la Escuela Normal del Magisterio pasó a la alcaldía de la ciudad, primero, ya las cortes de Madrid, después. Formó parte del primer gobierno de Lerroux (1933) como ministro de comunicaciones y fue, también, primero consejero de la Generalidad (1933-1934). Junto con Casiano Costal, fue llamado por el gobierno de la Generalitat para organizar la Escuela Normal de la Generalitat. El mundo de la enseñanza tuvo un papel destacado en las tareas de catalanización y de educación para lograr una sociedad civil tolerante y democrática. Mosén Ignasi E. Jordán impartió clases de catalán en la Normal, en el ateneo y la Biblioteca Popular.
Los maestros públicos colaboraron entusiastamente en la reforma escolar desde las páginas de su portavoz, el Magisterio Gerundense (catalanizado a partir de 1934). Las instituciones privadas también organizaron actos públicos, conferencias, conciertos y exposiciones. En este aspecto hay que destacar el Ateneu de Girona -dirigido por Carles Rahola -, el Centro Radical Autonomista , el Ateneo Social Democrático , la Asociación de Prensa , la Juventud Republicana de Girona , la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña y el Centro de Unión Republicana .

En resumen, aunque no hubiera un movimiento cultural común- como en el caso del Modernismo y Novecentismo - , sí que hubo una actividad cultural muy importante dirigida especialmente - y desde opciones políticas diversas -en la catalanización y democratización del país.

A pesar de que la restricción del poder del gobierno es la particularidad que define las ideas políticas liberales desde los tiempos de Locke, no siempre los filósofos políticos de la corriente liberal se han interesado en indagar cómo el armazón político- institucional logran ser viables ante la naturaleza del ser humano. (DAHL, 1956)

            Los constitucionalistas de Estados Unidos James Madison y Alexander Hamilton, en su compilación de ensayos titulada “El Federalista”, a pesar de que se basaban en definiciones convencionales referentes a la manera en que funcionan algunos regímenes políticos, y en específico en analizar el sistema político británico según Montesquieu, fueron pioneros en como la división de poderes logra ponerse en práctica y sostenerse sin importar los cambios en los asuntos políticos. (HAMILTON 1978)

            La  discusión respecto a la división de poderes es posiblemente el aporte más importante de Madison y Hamilton a las definiciones políticas modernas. No obstante el presupuesto de que el estado necesita encontrarse dividido en distintas funciones con el objetivo de conservar la soberanía individual no es obviamente una idea de la autoría de los padres fundacionales de la república estadounidense. El Federalista constituye el lugar original en el que estos planteamientos se articulan de manera compleja a modo de una intención política que podía ser llevada a la práctica: la constitución de los Estados Unidos. (LOCKE, 1960)

            La idea fundamental es separar la práctica del gobierno en distintas funciones, y darle el derecho de controlar estas funciones a «varias instancias». Dicha separación reduce las posibilidades discrecionales de los estados, lo que de manera automática reduce también el peligro de que el gobierno interfiera en la vida de los ciudadanos.

            De este modo, El Federalista establece la “competición interinstitucional” como garantía de la libertad individual, siendo esta proyectada por la percepción pesimista de Madison en relación a la naturaleza humana, El Federalista afirma que “los seres humanos no somos ángeles”, siendo por tanto, desarrollar una “competición interinstitucional” que compitan entre sí por el poder. (HAMILTON, 1978)

            Madison afirma en El Federalista “que cada uno de esos poderes debería retener una motivación política distinta. Así pues, no es cuando los diferentes poderes hacen las mismas cosas, sino cuando comparten la misma voluntad, cuando el principio de división de poderes es socavado.” En este contexto, y dentro de la teoría clásica de la división de poderes,  el poder judicial solo sirve para aplicar e interpretar la ley, siendo solo el apéndice del poder legislativo.

            Esta concepción de la teoría de la división de poderes ha sido modificada por la Corte Constitucional de Colombia, al afirmar en reiteradas ocasiones que a los jueces  le corresponde  la defensa y garantía de los derechos constitucionales dentro del esquema de división de poderes que establece la Constitución Política de 1991. Una clara apreciación de esta tesis se establece en la sentencia T-006∕92 al establecer que lano cuestionabilidad constitucional de las sentencias de las salas de la Corte Suprema de Justicia, aparte de transformar a la Corte de órgano con "poderes limitados" en órgano con "poderes ilimitados", desconoce la estricta sujeción que ella debe a la Constitución como norma de normas.”, otorgando eventuales violaciones debido a que coloca la sentencia en un plano superior a las normas, en este contexto entraría la figura del juez como defensor los derechos constitucionales dentro del esquema de división de poderes que establece la Constitución Política de 1991.

            La Corte Constitucional afirma que “la Constitución define directamente los diferentes derechos, de suerte que su contenido esencial sea en todo caso respetado y quede sustraído al juego de las mayorías políticas, gozando así de la inmutabilidad y perdurabilidad propias de la norma constitucional” (CORTE CONSTITUCIONAL, T-006∕92), siendo necesario una jurisprudencia que sea consciente  de un orden justo basado en los derechos y en el estado social de derecho consagrado en la Constitución de 1991.

            Por otra parte, en la sentencia C-543∕92, la Corte Constitucional establece que la tutela “es un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.”, es decir, otorga al juez la función de garantizar los derechos de los ciudadanos dentro de la división de poderes, estableciendo un cambio de la teoría clásica de la división de los poderes donde los jueces solo son el apéndice del poder legislativo, y tomando la posición de que el judicial es el encargado de salvaguardar los derechos fundamentales y es el protagonista del Estado constitucional, cuestión que se reafirman en la sentencia C-543∕92

            “La Carta Política, al ampliar el espectro de los derechos y garantías y al plasmar los mecanismos para su efectivo respaldo, dotó al orden jurídico de nuevos elementos que están destinados a fortalecer, lejos de debilitar el Estado de Derecho y los valores jurídicos esenciales que lo inspiran” (CORTE CONSTITUCIONAL, C-543∕92)

            La Carta Política establece la autonomía funcional del juez, evitando que las decisiones judiciales “sean el resultado de mandatos o presiones sobre el funcionario que las adopta.” (CORTE CONSTITUCIONAL, C-543∕92)

            Por último, la sentencia T-025∕04 establece que los deberes constitucionales de las autoridades deben actual en función del Estado Social de Derecho, respetando los derechos individuales, siendo el poder judicial el encargado de velar dentro de la división de poderes tal y como lo describe la Corte Constitucional.

 

CONCLUSIONES

Se observa que la teoría clásica de la división de poderes establecida por Alexander Hamilton, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu, donde el poder judicial tiene únicamente la función de aplicar y interpretar la ley, siendo solo el apéndice del poder legislativo, ha sido modificada por la Corte Constitucional de Colombia en diferentes sentencias como son la T-006∕92, C-543∕92 y T-025∕04, donde se establece que el juez tiene la función de defender y garantizar los derechos constitucionales dentro del esquema de división de poderes que establece la Constitución Política de 1991.

En el presente proyecto se realizará un plan de exportación entre Colombia y España, la mercancía a exportar serán piezas de artesanía. A continuación se presenta las diferentes actividades y fases necesarias:

En primer lugar, se establece la ruta entre el departamento de origen Cartagena de Indias y el lugar de destino final, es decir Madrid.  Posteriormente, y fundamentado en las características del producto, se selecciona un empaque y embalaje adecuado que minimice incidencias por daño o deterioro, de este modo, se seleccionar un tipo de embalaje de huacal.

En segundo lugar, se seleccionara un medio de transporte que en nuestro caso será marítimo y terrestre, para posteriormente a la autoridad aduanera para determinar el régimen aduanero a aplicar.

En tercer lugar, se acude con el producto a la aduana de partida, en nuestro caso el puerto de Cartagena de Indias, el declarante entrega a la aduana la documentación, entre ellos el peso neto y peso bruto, posteriormente se procede a la inspección de la mercancía para obtener la autorización de embarque, en este punto la mercancía se podría paralizar por una aprehensión emitida por el agente de aduanas como medida cautelar, con la realización de todos los trámites se evita la imposición de multas o sanciones.

Finalizado este proceso  y entregado el conocimiento de embarque del transportador, este llega al puerto de Sevilla a la aduana de destino, donde se desembarca y se transporta de forma terrestre hasta Madrid,

Finalmente recibido la empresa importadora, realiza un cambio de divisas para cancelar el monto del producto comercializado

La auditoria como control a la contabilidad creativa


Los planteamientos modernos sobre la empresa entienden que es una ficción legal que sirve de nexo contractual entre todos los agentes económicos interesados ​​en la marcha del negocio económico que se explota. Desde este punto de vista, la empresa no es más que una ficción jurídica, es decir, un ente creado de manera artificial por el derecho, para dar solución a los problemas que plantea la explotación de una actividad económica por varias personas físicas.[1]

La empresa no sólo aglutina los propietarios legítimos, sino que también incluye otros agentes interesados ​​en su funcionamiento, lo que se puede representar esquemáticamente de la siguiente manera

El vocablo auditoría es sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, revisar, comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, procesos, circuitos, etc. Hoy en día, la palabra auditoría se relaciona con varios procesos de revisión o verificación que, aunque todos tienen en común el hecho de estar de una manera o de otros vinculados a la empresa, se pueden diferenciar en función de la finalidad económica inmediata que tienen. [2]

La visión de la auditoría, como garante la credibilidad de la información  corporativa, asume la responsabilidad del auditor, en especial en tres puntos:

Responsabilidad contractual, en los aspectos de la sociedad civil, penal, etc.

Responsabilidad profesional en el sentido de para hacer su trabajo en el campo normativa y técnica

Responsabilidad social


Ahora que ya se ha realizado un acercamiento al concepto de auditoría como actividad y se ha presentado una clasificación teniendo en cuenta diversos criterios, se pueden enumerar las características de  la auditoría financiera son las siguientes: [3]

Es una actividad profesional que tiene un carácter independiente.

Consiste en analizar, revisar y verificar documentos contables.

Contrasta unos datos respecto de un marco de referencia preestablecido y constituido por los principios y normas contables generalmente aceptados.
Tiene la finalidad de emitir un informe sobre el grado en que la información auditada expresa la imagen fiel de la entidad auditada.

Tiene trascendencia frente a terceros.

No tiene trascendencia ni la clase de entidad auditada (con ánimo de lucro o sin él) ni la forma jurídica de esta entidad.

Contribuye a reforzar la credibilidad de la información financiera.

La opinión del auditor, sin embargo, no constituye un seguro absoluta de fiabilidad, ya que se ha basado en pruebas selectivas.



[1] Estupiñán-Gaitán, Rodrigo Prácticas contables inadecuadas por ciclos transaccionales. Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales: análisis del informe COSO. Colombia, Ecoe Ediciones (pp. 229- 237). (2002).
 
[2] Cordobés, M. y Molina, H. Algunas reflexiones sobre la contabilidad creativa. Revista Técnica Contable, febrero: 89-110. (2000)
 
[3] Estupiñán-Gaitán, Rodrigo Prácticas contables inadecuadas por ciclos transaccionales. Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales: análisis del informe COSO. Colombia, Ecoe Ediciones (pp. 229- 237). (2002).

Consecuencias de la contabilidad creativa


Aunque la contabilidad creativa, casi siempre está motivada por objetivos de sello especulativos a corto, también puede estar asociado con largo plazo. Sin embargo, en un sentido general, los empresarios son guiados por medidas a corto plazo, preocupándose más por sus necesidades momentáneas de los rendimientos futuros. Es decir, se ven obligados a buscar soluciones que puedan dar respuestas inmediatas a la necesidad de información dirigida al mantenimiento de la actividad de la compañía en el futuro. [1]

La práctica de la contabilidad creativa puede ocurrir en las siguientes áreas:

Las prácticas basadas en el incumplimiento de los  principios contables: Las  normas de  contabilidad permiten, en algunos casos, modificar  los criterios contables durante todo el período. Por ejemplo, el principio contable de uniformidad establece que uno no debe cambiar los criterios contables de un ejercicio a otro, excepto en los casos donde excepcionalmente se  justifica.

Prácticas basadas en declaraciones incorrectas de las operaciones contables.

Prácticas basadas en clasificaciones de partidas: algunos registros contables implican un considerable contenido subjetivo de las evaluaciones, estudios y predicciones. En algunos casos, como la vida útil estimada de un activo para calcular su depreciación, es normal que estas estimaciones se realizan internamente la empresa, dando pie a la contabilidad creativa.

Prácticas fundamentadas en operaciones vinculadas:


1. Relevancia: la información es relevante cuando es útil para la toma de decisiones, es decir, en las siguientes situaciones:

·       Cuando ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros.

·       Cuando ayuda a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. En particular, para cumplir este requisito, las cuentas anuales han de mostrar adecuadamente los riesgos a los que se enfrenta la empresa.

 

2. Fiabilidad: la información es fiable cuando no hay errores materiales y es neutral. Es decir, cuando no hay sesgos y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar. [2]

 

3. Integridad: es una cualidad derivada de la fiabilidad y se logra cuando la información financiera contiene, de forma completa, todos los datos que pueden influir en la toma de decisiones, sin ninguna omisión de importancia significativa.

 

4. Comparabilidad: esta calidad debe extenderse tanto a las cuentas anuales de una empresa en el tiempo como a las cuentas anuales de diversas empresas en el mismo momento y durante el mismo periodo de tiempo. Esto implica lo siguiente:

 
Permitir contrastar la situación y la rentabilidad de las empresas.

Posibilitar un tratamiento similar para las transacciones y otros acontecimientos económicos que se producen en circunstancias similares.

 

 

5. Claridad: implica que, basándose en un conocimiento razonable de las actividades económicas, la contabilidad y las finanzas empresariales, los usuarios de las cuentas anuales, mediante un examen diligente de la información suministrada, puedan formarse opiniones que les faciliten la toma de decisiones. De los requisitos anteriores, desde el punto de vista de la auditoría, nos interesa centrarnos en los de fiabilidad e integridad. Esto se traduce en el hecho de conseguir que la información que elabora el sistema de información contable tenga la "credibilidad social" necesaria para que sea útil a los varios usuarios, lo que exige someterla a la revisión de profesionales independientes que no han participado en su elaboración.[3]


De este modo, la contabilidad creativa puede tener las siguientes consecuencias:

Aumento o reducción de los ingresos.

Aumento o reducción de los gastos.

Aumento o reducción de los activos.

Aumento o reducción del activo líquido.

Aumento o reducción de pasivos.

Reclasificación de activos en pasivos.

Presentación de contabilidad que no corresponde con la realidad de la organización.

Todas las técnicas e instrumentos comentados pueden tener consecuencias negativas en la toma de decisiones por parte de usuarios de la información contable. Por lo tanto hay una necesidad que los usuarios de la contabilidad disponga de información real, y no manipulada por las necesidades a corto plazo de las organizaciones, y que a largo plazo no es viable ocultar.



[1] Mora-Roa, Gustavo; Montes-Salazar, Carlos Alberto; Mejía-Soto, Eutimio. Efectos de la regulación contable internacional. Armenia, Colombia. Universidad del Quindío. (2005).
 
[2] Cordobés, M. y Molina, H. Algunas reflexiones sobre la contabilidad creativa. Revista Técnica Contable, febrero: 89-110. (2000)
 
[3] Cordobés, M. y Molina, H. Algunas reflexiones sobre la contabilidad creativa. Revista Técnica Contable, febrero: 89-110. (2000)
 

Factores que motiva la contabilidad creativa


Las discusiones sobre la contabilidad creativa se han centrado principalmente en el impacto que puede tener sobre las decisiones de los inversores en el mercado de valores. Hay varias razones asociados a los mercados de capital que pueden alentar a las empresas o sus gestores para manipular sus estados financieros. La contabilidad creativa permite reflejar una tendencia, un crecimiento sostenido en los ingresos, ayudar a mantener o sobrevalorar el precio de las acciones, retrasos en la llegada de buenas o malas noticias en el mercado, información oculta sobre el papel o menoscabo de los ejecutivos, etc.[1]

Además de la presión de los inversores, las causas fundamentales de la contabilidad creativa, es la incapacidad de los órganos de control, tanto internos como externos, y la flexibilidad de las normas contables. Los estudios presentados en la literatura contable constan la existencia de prácticas creativas en virtud de la mayor variedad de casos y situaciones, diferenciados principalmente en términos de motivaciones que existen detrás de cada manipulación. Sin embargo, podemos clasificar los factores que estimular la contabilidad creativa en tres grupos principales, en función de los objetivos que persiguen: i) Para influir en los estados de resultados; ii) requisitos contractuales; iii) intereses políticos y sociales.[2]



[1] Estupiñán-Gaitán, Rodrigo Prácticas contables inadecuadas por ciclos transaccionales. Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales: análisis del informe COSO. Colombia, Ecoe Ediciones (pp. 229- 237). (2002).
 
[2] Cordobés, M. y Molina, H. Algunas reflexiones sobre la contabilidad creativa. Revista Técnica Contable, febrero: 89-110. (2000)
 

Introducción a la contabilidad creativa


Definir el significado de la contabilidad creativa es al menos muy complicado. En primer lugar, por la actualidad, a pesar de esto no es nada nuevo en el libro de actividades y segundo, la complejidad de lograr un consenso sobre el significado de la palabra creativa en sus diversas acepciones.

Contabilidad creativa es la manipulación de los datos contenidos en las declaraciones tomando ventaja de las omisiones y ambigüedades legales financieros que figuran en la forma de interpretación de las leyes.

Según Monterrey "La contabilidad creativa es esencialmente un proceso de uso de las normas de contabilidad, que es que se turnen para la legislación para buscar una salida basada en la flexibilidad y las omisiones en los actuales dentro de ellos para que los estados financieros busca algo diferente a lo que fue establecido en dichas normas.[1]

De acuerdo con Guevara "es la ciencia que estudia y practica, los controles e interpreta los acontecimientos en el capital de las entidades por el registro, la manifestación, exposición y la revelación de estos hechos, a fin de proporcionar información sobre la composición del patrimonio, sus variaciones y el resultado económico derivado de la gestión de la riqueza"[2]

El problema que se plantea es que el sistema de información contable no es neutral respecto de sus usuarios, lo que implica que la información contable se puede manipular para favorecer determinados intereses en detrimento de otros. Esto, fundamentalmente, pasa por dos circunstancias:

Para que los directivos de las empresas se encarguen de elaborar esta información y el resultado que se obtiene les interesa. Para que las normas contables, que se concretan en los principios de contabilidad generalmente aceptados) y en las normas de registro y valoración, permiten un grado de flexibilidad importante a la hora de interpretarlas y aplicarlas. Esto hace que las empresas puedan utilizar esta flexibilidad en su interés y, así, perjudicar al resto de agentes económicos cuyos intereses confluyen en la empresa.

Por tanto, la contabilidad creativa constituye un recurso empleado por las empresas en estrategias contables que, a pesar de ser legales y permitidas por la legislación contable, hace que las cuentas anuales reflejen sus propios intereses. No hay que confundir esta actuación con la contabilidad fraudulenta, que traspasa sin escrúpulos la frontera de la legalidad a fin de cumplir objetivos ilícitos. [3]

En definitiva, la información que proporciona el sistema contable no es un resultado exacto al que se llega después de aplicar una serie de normas, sino que, contrariamente, son los responsables de este sistema de información los que eligen las alternativas que más favorecen los sus intereses.

De forma resumida, la información contable puede no ser neutral para tres motivos:
Porque está contaminada por errores involuntarios, ya sea por la interpretación de la normativa contable o por la cuantificación de los hechos económicos registrados.

Porque deliberadamente se han cometido errores de la misma naturaleza que los anteriores, se han omitido hechos contables que realmente han convertido o se han reflejado de manera dolosa hechos contables inexistentes.

Porque, dentro del grado de flexibilidad que permiten las normas contables, los responsables del sistema de información han seleccionado las alternativas que más se ajustan a sus intereses en detrimento de los intereses de terceros interesados.[4]



[1] Monterrey-Mayoral, Juan Entre la contabilidad creativa y el delito contable. En Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría, No. 12, pp. 117-138. (2002).
 
[2] Guevara, I. y Consenza, J. Los auditores independientes y la contabilidad creativa: Estudio empírico comparativo. Revista Compendium, Julio:5-24. (2004)
 
[3] Herreros V, Francisco.¿cómo confiar? Formas de creación de confianza social. Cd. México. Revista Mexicana de Sociología. 2004.
 
[4] Monterrey-Mayoral, Juan Entre la contabilidad creativa y el delito contable. En Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría, No. 12, pp. 117-138. (2002).
 

POLÍTICA PÚBLICA DE BIENESTAR Y POLITICA FISCAL (SOSTENIBILIDAD)


Una política pública no puede basarse en supuestos asistemáticos (el sistema es bueno porque los protagonistas que lo integran son buenos): no es razonable esperar que los agentes económicos y sociales autocensura recurrentemente sus intereses propios y acepten pérdidas de bienestar individuales por el bien de los intereses colectivos.

De ahí que la responsabilidad de la protección del interés común se deposita cómodamente en manos de otro, de nuestros representantes. Esta delegación está implícita en las democracias occidentales y termina siendo ejercida por los políticos. Pero he aquí que a la vez que aceptamos la delegación, desconfiamos los ciudadanos de nuestros 'delegados', en su ejecución del día a día, vista la fragilidad en que la democracia electoral sitúa hoy los políticos. Así, el cortoplacismo político (o se ganan las elecciones y se tiene el poder o se desaparece de la contienda) hace que los ciudadanos no puedan esperar siempre de esta delegación la racionalidad colectiva adecuada, siendo la relación de agencia resultante fuerza imperfecta.

Obsérvese que no se trata de dificultar las decisiones en el corto plazo 'per se', sino de limitar las decisiones susceptibles de ser consideradas como tales para una política económica que se pueda entender como discrecional políticamente hablando (delegada), pero nunca arbitraria.

Esto debería llevar a establecer reglas en materia de política económica, capaces de evitar que se pueda perpetuar la acumulación de riquezas; antes lo contrario, forzando sus compensaciones: de desequilibrio exteriores, el ahorro y la inversión, al déficit fiscal, de mercado de trabajo según tipo de trabajadores, a los tratamientos fiscales por tipo de empresa, para tasas de interés bajas e inflación elevada, con interés real negativo como invitación a hacer borbotones y endeudarse..., aprovisionamientos anticíclicos, etc., evitando el arbitraje oportunista resultante de la falta de igualación del 'terreno de juego' para la actividad económica.

Este planteamiento de reglas se podría poner a discusión por parte de plataformas ciudadanas, transversales a los partidos políticos, de cara a buscar, en el velo de la ignorancia los impactos electorales, compromisos, previos a las mismas elecciones, que mejor garantizaran su cumplimiento.

Fuera de estos nuevos marcos, si la sociedad no alcanza la transposición de aquellas reglas ('Instituciones' en terminología de la nueva economía institucional), aunque resultará previsiblemente más complejo ya que el conflicto se trasladará miméticamente desde la política en la gestión pública sin matices: falta de credibilidad de los compromisos, interpretación, a conveniencia, de los contenidos de la delegación, decisiones coyunturales ad hoc, cambios repentinos de actuaciones en fraude de programa, etc. Todo ello hace que
cuestiones complicadas como quizás hoy la irrupción de nuevas prestaciones públicas nuevas coberturas de contingencias, compromisos presupuestarios plurianuales, etc., se resuelvan con mayor neutralidad, es decir, con una menor distancia entre las necesarias variables de política (la económica), y la instrumentación concreta y eficiente de los recursos, de acuerdo con sus efectos probados sobre la mejora del bienestar social.

En este sentido, en el presente proyecto se pretende reflexionar sobre algunas políticas públicas de bienestar, el gasto social y la política fiscal.


DESARROLLO DEL TRABAJO

Es conocido que la estructura básica de los acuerdos inspiradores del estado de bienestar se ha de revisar si éstos han de ser sostenibles. Preservar los fundamentos del Estado de bienestar significa hoy asentar mejor lo  que han sido sus dos grandes aportaciones: la ganancia de eficiencia que supone para la reducción de riesgos individuales, y la corrección de externalidades sociales.

En cuanto al papel del aseguramiento en el bienestar social, hay que distinguir en todo caso los elementos que tienen que ver con la incertidumbre (La posibilidad de quedar sin empleo, en situación de dependencia o enfermo) los que tienen en que ver con la posible 'miopía' del ciudadano derivada, por ejemplo, de no prevé correctamente algunos hechos previsibles. Así, para la jubilación, principalmente, no hay incertidumbre ya que es obligatoria y, por tanto, asegurable individualmente, y además, en sí mismo, mejora casi siempre el bienestar.

El primer aspecto de los mencionados, tiene que ver con la quiebra de mercado, el segundo lo es de tutela pública, como bien preferente, sólo mientras 'políticamente' se desee proteger. La otra fuente de ganancias de eficiencia tiene que ver, como hemos dicho, con la corrección de las externalidades que llevarían contrario a consecuencias como la infra inversión (en educación, investigación y desarrollo,...), y que gracias a la intervención del estado (Venciendo las restricciones de liquidez que de otro modo, por ejemplo la enseñanza, tendría, a cambio del valor esperado del capital humano como colateral), mejora la inversión en educación, ya menudo provoca sinergias para la mejora del capital social de una comunidad.[1]

Vale la pena destacar también que, adicionalmente a los beneficios anteriores, el estado de bienestar impacta en el ámbito redistributivo, tanto la búsqueda de los cambio Intrageneracionales (niveles de renta) como intergeneracionales (de manera implícita o explícita, a lo largo del ciclo vital) que mejor sirven el concepto prevalente de justicia social.

Hoy la demografía ha dejado de ser favorable respecto al acuerdo inicial sobre el que se fundamentaba el estado de bienestar. Un país no puede soportar el gasto social que se genera cuando una franja importantísima de población no trabaja porque 'lo deja' o porque 'no entra' en el mercado laboral (los jóvenes no consiguen empleo). Además, las nuevas generaciones, que son activas y ocupadas,  parece requerir para hacer compatible trabajo y garantías sociales (con impuestos, cotizaciones para pensiones), retrasar la natalidad o reducir el crecimiento vegetativo, lo que termina agravando los problemas de mantenimiento del propio estado de bienestar.

Cabe decir en todo caso que el rebote demográfico de menos niños y escasa conciliación laboral no es en este sentido exógeno en el estado de bienestar. Pero en cualquier caso, ambos problemas aumentan cuando, con la crisis económica, la base fiscal se erosiona y / o la mejora de la productividad no genera una compensación suficiente por la vía de el aumento de los salarios reales. La internacionalización económica dificulta además los aumentos de presión fiscal sobre bases nacionales estrictas, lo que limita la capacidad de mantener el pari passu de los aumentos del gasto total con el aumento de la financiación pública de este gasto. Adicionalmente, un incremento de la presión redistributiva puede tener un efecto llamada migratoria. Nótese también que, en el contexto actual, la fiscalidad ha ido avanzando por el camino de la capacidad recaudatoria, sacrificando si ha habido otros criterios de justicia fiscal (rentas del capital respecto de las del trabajo, imposición indirecta versus la directa; tratamiento de los fondos de inversión colectiva, rentas de extranjeros, imposición sobre herencias, etc.). Los que creen irremediable esta deriva, apuntan la búsqueda de los objetivos redistributivos por la banda del gasto; pretensión que no resulta sencilla sin romper el universalismo, que en sí mismo es menos redistributivo que la política target oriented o taylor made a las necesidades de los beneficiarios, que necesariamente debe ligarse a la prueba de medios.[2] De ahí que mientras los atributos del universalismo predominen y los valores culturales de la sociedad malinterpreten la incidencia redistributiva que supone la discriminación en las políticas públicas, será necesario no perder de vista los criterios de justicia fiscal que deben inspirar la imposición.

Por otra parte, el peligro radica en situarnos en supuestos de regresividad fiscal por el lado de los ingresos e insuficiente progresividad fiscal por el lado de sus aplicaciones al gasto público. Finalmente, en cuanto a las tecnologías de provisión pública y el coste de sus prestaciones, el estado de bienestar recoge actividades normalmente intensivas en trabajo, de manera que el gasto que se asocia está vinculada a la nombrada enfermedad de Baumol, que fuerza a un coste unitario de provisión superior al crecimiento general de precios. Esto hace que en términos nominales (y no necesariamente reales) el gasto social a cabe suponiendo un peso creciente en su ratio sobre el PIB, aunque dificultando el que debería ser su evaluación en términos reales y no nominales.

El sostenimiento del bienestar intergeneracional

Sería razonable en estas circunstancias establecer reglas intergeneracionales, por ejemplo, vistas las políticas ocupacionales, o las relativas a la edad de jubilación y las pensiones; entre los salarios de los activos, netos de impuestos y cotizaciones, y las pensiones; conjugando las transferencias monetarias con las prestaciones sociales en especie.

Muchas de estas reformas tienen, como ya hemos comentado, dificultad política de implementación ya que afectan intereses creados y / o colectivos con presencia electoral decisiva. De ahí que tenga sentido que algunas políticas, identificables como necesitadas de un pacto de estado, no se determinen en cuanto al contenido, esfuerzo que ha probado imposible a pesar de las buenas palabras, y se remita al pacto de procedimiento. Se trataría de poner en manos de un tercero, agencia, institución o autoridad en la materia, algunas de aquellas cuestiones, cara a emitir recomendación de reforma para hacer sostenibles las políticas, preceptivamente aunque si se quiere no vinculante. Óptimo sería que por esta vía se vincularan mejor las contribuciones de seguro social (con todas las plataformas explícitas por debajo y por encima que se decidan) y los beneficios esperados futuros de este seguro social (no individual, sino comunitaria, no actuarial ajustada al riesgo predecible). Este hecho permitiría, entre otras cosas, cambiar la base fiscal desde la renta familiar a la individual de los miembros de la familia. Otro ejemplo consiste en subsidiar la compra de servicios sustitutivos cercanos a la producción en el hogar (el cuidado de los niños y de la personas mayores en particular), de modo que beneficios sociales (pensiones incluidas) se correspondan mejor con los salarios.[3]

Por otra parte, si como resultado de la política anterior el salario no guardara relación con la productividad a causa, por ejemplo, de la imposición de un salario mínimo, tendría lógica subvencionar a la empresa por este mayor coste salarial.


CONCLUSIONES

La política pública de bienestar, especialmente relación a pensiones, salud, etc. debe establecerse con una clara responsabilidad fiscal, de tal modo que pueda existir una evolución intergeneracional positiva.

Por otra parte, y para el caso de Colombia, se debe reflexionar profundamente sobre el Estado de Bienestar, y la



[1] Holzmann, R; Jorgensen, S. 2000. “Manejo social del riesgo: un nuevo marco conceptual para la protección social y más allá”. Banco Mundial. Documento de trabajo (0006) sobre la protección social.
 
[2] Birkland, Thornas, /ln introduaion to tbepoli~.vprol"eSs:tbeories, concepts, and moclel o/ pub!i(poli~)" making, New York, M.E. Sharpe lnc., 2005.
 
[3] Banco Mundial. 2004. “Colombia: Recent Economic Developments in Infrastructure (Redi. Volume I, Executive Summary”. Unidad de Finanzas,