Punto uno. Formulación de problemas jurídicos (valor 5%)
Con ayuda de las herramientas vistas
en clase formule los dos problemas jurídicos que plantea este caso:
- Procedimental: procedencia
de la acción de tutela
La tutela o acción de tutela, fue una garantía otorgada por el
legislador de la Constitución con el objetivo de garantizar la protección
judicial rápida y efectiva de los derechos fundamentales. De este modo, se
puede observar en el artículo 86 la descripción y aplicabilidad procedimental de
la tutela.
"Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La
protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita
la tutela, actúe o se abstenga de hacer. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo
remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
En
ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y
su resolución.
La
ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación renuente o indefensión"[1]
Como
se puede observar, la acción de tutela es aplicable cuando se amenaza un
derecho fundamental, y para evitar un daño irremediable sobre la persona. No
pudiendo ser utilizada en los siguientes casos:
- En los casos en que
expresamente los prohíba la ley.
- Existan recursos u otros medios
diferentes para la defensa judicial.
- Cuando se busca proteger un
derecho colectivo. No obstante, se establece que en el caso de evitar un
daño irreparable, y cuando exista una conexidad entre
el derecho colectivo y uno fundamental del demandante, será viable
presentar una demanda.
Por tanto, la tutela que interpone
María en el caso es viable procedimentalmente, debido a que la utilización de
la acción popular, le generaría un perjuicio en su profesión insalvable,
además, se presenta una conexión entre el derecho colectivo e individual.
- Sustantivo: existe o no vulneración de derechos fundamentales.
Se
observa claramente una violación a los derechos de igualdad, trabajo, libre
circulación y dignidad humana. De este modo, a María se le están privando los
medios para ejercer de forma igual su profesión, existiendo trabas de
movilidad, que la ponen en una situación claramente desigual y desventajosa con
el grupo de abogados.
- Identifique las sentencias hito proferidas por
Sentencia de Tutela nº 553/11 de Corte Constitucional, 7 de Julio de
2011, magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
(i) la razón por la que cada una de estas sentencias resulta importante
para la construcción de la línea;
Sentencia
actual, totalmente aplicable al caso revisado, en la cual se resume la línea
jurisprudencia en el caso concreto, al tratarse de un tema similar al presentado
en el caso.
(ii) el caso que se decide en cada una de ellas;
El
accionante Carlos
Alberto Toro Muñoz instaura una acción de tutela al Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial, por
vulneración de derechos fundamentales, en especial la igualdad y dignidad
humana.
El
accionante legitima el caso es la
ausencia de medios de acceso y circulación para ejercer su profesión como abogado litigante con plena autonomía porque
el Complejo Judicial de Paloquemao, no contando con las condiciones de
accesibilidad mínimas.
El
señor Carlos Alberto afirma que esta situación está generando un daño en su
profesión, debido a que llega tarde a los procesos, lo cual lo pone en
desventaja frente a sus colegas que sí pueden desplazarse por todo el Complejo.
(iii) la decisión adoptada por la Corte en cada una de ellas;
La
Corte Constitucional concluye que la administración no tiene un “plan específico para
garantizar la accesibilidad física de las personas en situación de
discapacidad, al complejo judicial de paloquemao, de manera consecuente, se
imparten una serie de órdenes, tanto inmediatas como a mediano plazo,
tendientes a lograr el fácil acceso y movilización física para las personas en
situación de discapacidad, por las instalaciones del complejo judicial aludido.”[2]
Es de aclarar que el complejo
judicial alega en su defensa la falta de medios económicos, estimando el
Tribunal, la ineficacia de esta respuesta al ser un complejo mediano – grande
que tiene posibilidades a nivel económico.
(iv) la regla de decisión establecida en la sentencia dominante de la
línea que puede constituir un precedente relevante para decidir el presente
caso.
Las
reglas de decisión son aplicables al caso, debido a que es similar,
observándose los mismos elementos. En este sentido, María puede recuperar esta
sentencia como hito jurisprudencial.
Sentencia de Tutela nº 051/11 de Corte Constitucional, 4 de Febrero de
2011, magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio
(i) la razón por la que cada una de estas sentencias resulta importante
para la construcción de la línea:
Sentencia
que si bien trata sobre una temática diferente, el objeto a discutir es un
derecho fundamental, que solicita un intérprete debido a que es sordomudo, considerando
el accionista una vulneración a los principios de igualdad y dignidad.
(ii) el caso que se decide en cada una de ellas;
El
accionista es Julio David Pérez que interpone una tutela en contra del
Municipio de Montería, la persona es sordomuda y solicita que el Municipio le
otorga un intérprete, al negarse por cuestiones económicas, la Corte
Constitucional revisa el caso para considerar si se está vulnerando su derecho fundamental a la educación
(iii) la decisión adoptada por la Corte en cada una de ellas;
El Municipio de Montería, en especial el área de
secretaria, se oponen a las pretensiones de la misma, por los siguientes
motivos:
- la planta de cargos de la entidad no existe ninguno creado para
intérprete oficial de la lengua de señas, de manera que r
- Resulta imposible convocar a un concurso público para proveer un
cargo que no existe, como lo propone el accionante.
- La alcaldía no cuenta con recursos para prestarle a un estudiante
los servicios de intérprete
Como se puede observar la alcaldía
de Montería aporta la misma justificación que en el caso principal de estudio,
es decir, la problemática económica de fondo que aparece en todas las
sentencias analizadas.
El tribunal rescata la Sentencia T-823 de 1999
que sintetiza los fundamentos del deber constitucional, se anexa la
literalidad, por la relevancia de la información.
“(...) para el Constituyente, la igualdad real
sólo se alcanza si el Estado se quita el velo que le impide identificar las
verdaderas circunstancias en las que se encuentran las personas a cuyo favor se
consagra este derecho. Una vez revelado el panorama real, el Estado tiene la
tarea de diseñar políticas públicas que permitan la superación de las barreras
existentes para que las personas puedan incorporarse, en igualdad de
condiciones, a la vida social, política, económica o cultural... el derecho a
la igualdad en el Estado Social de Derecho, trasciende los imperativos clásicos
de la igualdad ante la ley, y obliga al Estado a detenerse en las diferencias
que de hecho existen entre las personas y los grupos de personas. Justamente,
en consideración a las diferencias relevantes, deben diseñarse y ejecutarse
políticas destinadas a alcanzar la verdadera igualdad.”
Como
se observa, la igualdad debe ser ejecutada y no mencionada como principios
inspiradores en las normas, de este modo, las instituciones administrativas
deben realizar todas las acciones pertinentes para lograr la igualdad
El tribunal considera “la exigencia establecida por la norma en
municipios o distritos grandes en los que existen un número alto de
instituciones educativas para los niveles de básica secundaria y media
vocacional, pero aplicado a casos límite como municipios pequeños o en sistemas
educativos excepcionales como la educación “normalista” o similares, lo que
pareciera un mínimo razonable en función del uso eficiente de los recursos
públicos, no se adapta como se da en el caso sometido a revisión ante la
imposibilidad de cumplirlos, lo que contraría la razón y fin de la norma, al
desconocer implícitamente los derechos de la población en situación de
discapacidad.”[3]
Por ser un municipio con capacidad económica
puede prestar servicios que ayuden a las personas con esta discapacidad, y por
tanto, el tribunal “revoca el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal
Municipal de Montería (Córdoba), dentro del asunto de la referencia. En su
lugar, conceder el amparo
del derecho fundamental a la educación inclusiva y a su goce efectivo
solicitado por Julio David Pérez Lambraño.”. Dando, lo que a nuestro parecer se
presenta como una línea lógica de interpretación de derecho.
(iv) la regla de decisión establecida en la sentencia dominante de la
línea que puede constituir un precedente relevante para decidir el presente
caso.
Efectivamente
el caso puede establecerse como una sentencia dominante, debido a que el tribunal establece un línea jurisprudencial clara sobre la
temática abordada.
Sentencia de Tutela nº 288/95 de Corte Constitucional, 5 de Julio de 1995, Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz
(i) la razón por la que cada una de estas sentencias resulta importante
para la construcción de la línea;
La sentencia resulta importante
puesto que refuerza la jurisprudencia analizada anteriormente, en mayor medida,
en la movilidad de las personas con discapacidades.
(ii) el caso que se decide en cada una de ellas;
Reinaldo
Botero Bedoya, Defensor del Pueblo, Regional Cali, en representación de los
señores Rosemberg Zamora, Clara Ines
Mejia, Jose Jair Sarria impone tutela con el club deportivo Cali y América por
los siguientes motivos:
- Los actores ingresaban al
estadio de futbol por puerta de maratón y eran ubicados sobre la pista
atlética para presenciar los encuentros de fútbol.
- Según el actor esta situación
vulnera los derechos fundamentales (igualdad, protección especial de los limitados
físicos). Manifiesta que el Estado debe exigir las condiciones para que la
igualdad se efectiva y no teórica,
(iii) la decisión adoptada por la Corte en cada una de ellas;
El
tribunal considera las diferencias sociales como un elemento relevante, para
estimar el derecho a la igualdad, como establece el tribunal “en relación con
los discapacitados, la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la vez un
medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena
participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación (CP art. 2). La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un
derecho fundamental mediante el que se "equipara" a las personas en
inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus derechos.
Los
derechos específicos de protección especial para grupos o personas, a
diferencia del derecho a la igualdad de oportunidades, autorizan una
"diferenciación positiva justificada" en favor de sus titulares. Esta
supone el trato más favorable para grupos discriminados o marginados y para
personas en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13).”[4]
|El
tribunal habla sobre una "diferenciación positiva justificada" que es
aplicable a las personas discapacitadas o en situación de inferioridad, por
diferentes motivos, y esta diferenciación es la que legitima la realización de
actos extraordinarios.
El
tribunal establece lo siguiente. “° Se objeta en el proceso la decisión de
traslado de los peticionarios, en su condición de personas limitadas
físicamente, de la pista atlética a la tribuna sur del estadio, cuyo acceso
está constituido por una rampa tendida de aproximadamente 50 metros de
longitud. El medio escogido para brindar seguridad a los participantes y
espectadores, ha sido la reubicación de los discapacitados. No obstante, la
Corte considera que la medida adoptada es desproporcionada, ya que no parece
apropiada, necesaria ni equilibrada para la satisfacción del interés general.”[5]
Es
decir, estima las pretensiones de la tutela inicial y ordena que los
minusválidos sean ubicados en la grada, en una situación de igualdad con
respecto a los demás usuarios del campo de futbol.
(iv) la regla de decisión establecida en la sentencia dominante de la
línea que puede constituir un precedente relevante para decidir el presente
caso.
Esta sentencia establece una línea
jurisprudencial que se puede resumir en la "diferenciación positiva
justificada", dentro de un contexto lógico de pretensiones.
- Teniendo en cuenta el nicho citacional de la sentencia dominante
trate de identificar al menos dos (2) escenarios constitucionales
distintos sobre el derecho a la libertad de locomoción de personas en
situación de discapacidad, indicando en cuál de dichos escenarios se sitúa
el caso que plantea la tutela de María Martínez (valor 1.5)
PRIMER ESCENARIO DOMINANTE:
Derecho a la libertad de locomoción vulnerado, para la realización de sus actividades
laborales, lo cual le genera al individuo una situación de inferioridad
laboral, que le impedía la correcta ejecución de su profesión. Este escenario
encajaría en el caso de María, objeto de
estudio del presente proyecto.
SEGUNDO ESCENARIO DOMINANTE:
Derecho a la libertad de locomoción
vulnerado en la prestación de un servicio, en acceso a un lugar público, etc.
En este escenario el tribunal debe observar el interés público con la
desigualdad del demandante
3. ¿Cómo formularía la ratio
decidendi de la sentencia dominante sobre el problema jurídico que plantea
el caso de la señora Martínez y qué técnicas podrían invocarse para fundamentar
la aplicación o, en su caso, la inaplicación de dicha regla para resolver la
tutela interpuesta por ella? (valor 1.0)
El ratio decidendi literalista se
fundamenta en estimar la "diferenciación positiva justificada"
siempre que no perjudique el interés general. Las técnicas que se podrían
invocar son las siguientes:
· Situación de desigualdad con
respecto a la situación demandada.
· Generar un perjuicio al demandado.
· No inferir en el interés general.
CASO
Juan
Valdés es un estudiante de una universidad privada de la ciudad de Montería a
quien le ha sido diagnosticada una afección respiratoria que le impide estar en
ambientes con aire acondicionado. Por
tal motivo, debe abstenerse de asistir a la biblioteca del claustro
universitario y a otros recintos que cuentan con dicho sistema de
ventilación. Ello ha ocasionado una
notable baja en su rendimiento académico, pues además de no poder usar la
biblioteca, debe abstenerse de asistir a todas las clases programas en aulas
con aire acondicionado. Ante la petición
de cambiar el sistema de ventilación de la biblioteca y otras aulas y
auditorios o, al menos, apagarlo mientras él permanece en tales recintos, la
universidad responde que no existen en el mercado sistemas de ventilación
alternativos que permitan mantener una temperatura adecuada para el desarrollo
de actividades académicas. Tampoco es
posible apagarlos porque, debido a las altas temperaturas de la ciudad, se
haría imposible el desarrollo de las actividades académicas que tienen lugar en
dichos recintos.
Juan Valdés interpone una acción de
tutela en contra de la universidad, argumentando la vulneración de sus derechos
fundamentales a la libertad de locomoción y a la igualdad en el ejercicio de su
derecho a la educación.
¿Considera que el precedente establecido en la sentencia dominante
identificada en el punto No. 3 resulta aplicable para resolver la tutela
interpuesta por Juan Valdés? Fundamente
su respuesta indicando las técnicas que podrían emplearse para fundamentar la
aplicación o, en su caso, inaplicación de dicha regla jurisprudencial al
presente caso (valor 1.0).
No sería aplicable debido a que “en el
mercado sistemas de ventilación alternativos que permitan mantener una
temperatura adecuada para el desarrollo de actividades académicas. Tampoco es posible apagarlos porque, debido a
las altas temperaturas de la ciudad, se haría imposible el desarrollo de las
actividades académicas que tienen lugar en dichos recintos”, lo cual obligaría
al resto de estudiantes a soportar una temperatura que afectaría al rendimiento
académico del resto de estudiantes.
Es decir, contemplar una "diferenciación positiva
justificada" por parte del accionistas afectaría el interés general,
generando un perjuicio para el resto de usuarios de la biblioteca, de este
modo, la tutela no puede ser estimada.
[1] Artículo 86 de la Constitución política de 1991
[2] Sentencia de Tutela nº 553/11 de Corte
Constitucional, 7 de Julio de 2011, magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub
[3] Sentencia
de Tutela nº 051/11 de Corte Constitucional, 4 de Febrero de 2011, magistrado
ponente Jorge Iván Palacio Palacio
[4] Sentencia de Tutela nº 288/95 de Corte
Constitucional, 5 de Julio de 1995, Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz
[5] Sentencia de Tutela nº 288/95 de Corte
Constitucional, 5 de Julio de 1995, Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz
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